La AFIP perjudica a Salta por no cobrarle impuestos a una tabacalera
Días pasados trascendió una información que en el contexto económico que vive el país, se la podría catalogar de muy importante, donde políticos y funcionarios gubernamentales deberían tener un rol protagónico. Pero no es así.
Publicada en uno de los diarios más importantes del país bajo el título: “AFIP ganó un juicio para reclamar millones a una tabacalera pero por ahora no lo cobra” esta noticia no tuvo gran repercusión, o por lo menos no en las provincias que resultaron afectadas por esta “ineficiencia” de la Administración Federal de Ingresos Públicos, o por todos conocida como AFIP, que a la hora de cobrar la deuda que generó la Tabacalera Sarandí -de ella se trata- al no pagar el impuesto mínimo que tributa el cigarrillo, no se esforzó en exigir el pago.
Este impuesto fue establecido durante la gestión de Néstor Kirchner y su entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández -hoy presidente- que en el año 2004 firmaron el llamado “Convenio para mejorar la recaudación y evitar la evasión en el mercado de los cigarrillos” con dos finalidades: una recaudatoria y la otra de política sanitaria, desalentando el consumo de tabaco.
Ya en el año 2008, con Cristina Kirchner en la presidencia, el Congreso lo convirtió en ley: la Ley 26.467.
En 2017, en la reforma tributaria de Mauricio Macri, se modificó el cálculo y se determinó que el gravamen ya no sería un porcentaje del precio, sino que sería fijo y se ajustaba por inflación.
