Fundamentalistas antitabaco pretenden terminar con el Fondo Especial
Promoviendo una adhesión innecesaria al Convenio Marco de la O. M. S.
Han vuelto a ingresar a la Cámara de Diputados de la Nación sendos proyectos, uno del Poder Ejecutivo Nacional y otro de la diputada opositora Graciela Ocaña, en un peligroso operativo de pinzas contra la integridad y continuidad de la producción tabacalera de la que dependen en gran medida, siete provincias argentinas.
Esta reiteración nociva para el la economía del país profundo, merece otra de la editorial que suscribió el presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, Esteban Amat Lacroix, hace poco menos de dos años, el31 de julio del 2019.
Su claridad obvia cualquier comentario.
Convenio Marco
Los nefastos fundamentalismos
En las más nobles y justas causas
Los fundamentalismos son una deformación patológica que inficiona las causas más nobles y justas de la sociedad.
Ni lo político, ni lo cultural, ni lo religioso ni lo social quedan a salvo de esta verdadera pandemia de intransigencia extrema, ejercida por sectores tan minoritarios como influyentes.
Sus proclamas, capciosos relatos diseñados sobre la base de prejuicios y exageraciones, encuentran cajas de resonancia en los ámbitos más variados, los que repiten por boca de ganso palmarios embustes que desmerecen las causas que afirman defender.
Así sucede con los recurrentes intentos de ratificar el Convenio para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, algo absolutamente innecesario dado que, sin necesidad de adhesión alguna, el Congreso de la Nación ha sancionado una ley que prevé todos los recaudos necesarios para la protección de la salud de la población.
El mismísimo Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación afirma que luego de años de debate, el 14 de junio de 2011 se promulgó la ley nacional de control del tabaco. La aprobación de esta ley era una demanda creciente de la sociedad argentina y constituye sin duda un hecho de trascendencia histórica en la salud pública de nuestro país.
Prueba fehaciente de ello es que el Banco Mundial destacó que “Argentina, Panamá y Uruguay son buenos ejemplos de un control estricto al consumo de tabaco” y que tanto nuestro país como México “figuran entre los países de América Latina en que el consumo de tabaco ha descendido significativamente desde 1980, de acuerdo con información proporcionada por el Institute for Health Metrics and Evaluation (HME), de la Universidad de Washington”, como también lo informa el citado ministerio.
Dicha ley 26.687 se propone reducir el consumo de productos elaborados con tabaco, la exposición de las personas a los efectos nocivos del humo de productos elaborados con tabaco y daño sanitario, social y ambiental originado por el tabaquismo, estableciendo severos controles a la composición de los cigarrillos.
También a prevenir la iniciación en el tabaquismo, especialmente en la población de niños y adolescentes y a concientizar a las generaciones presentes y futuras de las consecuencias producidas por el consumo de productos elaborados con tabaco y por la exposición al humo de productos elaborados con tabaco.
Además, el gobierno nacional, siguiendo los lineamientos del Convenio Marco, ha incrementado sensiblemente la carga impositiva como manera, no siempre efectiva, de desalentar el consumo.
Pese a esta realidad concreta y comprobable, nuevamente se pretende presionar a los legisladores que ya se han expresado con firmeza y legislado con acierto, para forzar una adhesión inconducente en términos sanitarios, pero de altísimo riesgo para el devenir equilibrado de siete provincias argentinas, alejadas todas de los beneficios del país central.
Los productores tabacaleros apoyamos en su momento, el tratamiento de la ley reguladora que contempla y pone en vigencia todos los aspectos positivos en resguardo de la salud pública que propone el mencionado convenio; sin por ello arriesgar el presente y futuro de un millón y medio de personas que dependen de la actividad tabacalera, a favor de estructuras supranacionales que escapan a los controles que la constitución y las leyes asignan al estado nacional.
Con tal adhesión, de acuerdo con los artículos 31 y 72 inc. 22 de la Constitución Nacional, que otorgan supremacía a los tratados internacionales sobre nuestras propias leyes, se estaría enajenando nuestra soberanía y la posibilidad de que nuestras autoridades puedan adecuar las normativas del caso a las necesidades de todos los actores involucrados, teniendo en cuenta las especiales características que hacen al bien común.
No es sensato embestir contra la producción tabacalera si se tiene en cuenta que, al decir de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. “…el tabaco es uno de los pocos cultivos que genera ingresos en pequeñas parcelas de terreno, ofreciendo ingresos cuatro veces mayores que cualquier otro cultivo… La producción de tabaco tiene un efecto social positivo, combatiendo así el éxodo rural”.
Es esta una consecuencia poco tenida en cuenta de nuestra actividad agro-industrial: el arraigo de las familias que evita migraciones desnaturalizantes y conflictivas hacia las grandes concentraciones urbanas y con-urbanas.
Hoy por hoy, no existe otra actividad agro-industrial que pueda sustituirla en condiciones socio-económicas equivalentes.
Resulta preocupante que, con total insensatez, se lleven al Congreso de la Nación propuestas que configuran patentes estulticias, imperdonables si además cuentan con el aval del mismísimo secretario de Ciencia y Tecnología, quien muy ligeramente aconseja reemplazar nuestros cultivos por la explotación del bambú, sin mediar el menor estudio de factibilidad hecho por quienes acrediten conocer la realidad tanto socio-económica como agro-ambiental de siete provincias argentinas.
La empecinada ambición de la ratificación por la ratificación en sí misma, es una muestra cabal de ese fundamentalismo que tanto enferma a nuestra maltrecha sociedad.
