Una vez más, algunos legisladores nacionales vuelven a intentar el tratamiento de la ratificación al Convenio Marco Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS)
Con total desaprensión para con el futuro de la producción tabacalera nacional, insisten con un proyecto tan inconducente como innecesario y potencialmente perjudicial para la economía de siete provincias argentinas.
Nadie puede desconocer que el cultivo del tabaco no puede -hoy por hoy- ser sustituido por ningún otro en condiciones socioeconómicas equivalentes.
Además, el hábito de fumar de los argentinos no habrá de ser erradicado por la desaparición de una producción tabacalera destinada en un 80% a la exportación.
El tabaco que se dejase de producir y la mano de obra que ya no se ocupe en la Argentina, beneficiará a otros países que no hayan adherido al convenio.
Con la ratificación, de acuerdo los artículos 31 y 72 inc. 22 de la Constitución Nacional, que otorgan supremacía a los tratados internacionales sobre nuestras propias leyes, se estaría enajenando nuestra soberanía y la posibilidad de que nuestras autoridades puedan adecuar las normativas del caso a las necesidades de todos los actores involucrados, teniendo en cuenta las especiales características que hacen al bien común.
Sin necesidad de adhesión alguna, en nuestro país se ha sancionado la ley Nº 26.687, promulgada el 13 de junio de 2011, que prevé todos los recaudos necesarios para la protección de la salud de la población.
Prueba fehaciente de ello es que el Banco Mundial destacó que “Argentina, Panamá y Uruguay son buenos ejemplos de un control estricto al consumo de tabaco” y que tanto nuestro país como México “figuran entre los países de América Latina en que el consumo de tabaco ha descendido significativamente desde 1980, de acuerdo a información proporcionada por el Institute for Health Metrics and Evaluation (HME), de la Universidad de Washington”.
Los productores tabacaleros apoyaron en su momento, el tratamiento de tal ley regulatoria de la actividad, que contempla y pone en vigencia todos los aspectos positivos en resguardo de la salud pública que propone el mencionado convenio; sin por ello arriesgar el presente y futuro de un millón y medio de personas que dependen de la actividad tabacalera, a favor de estructuras supranacionales que escapan a los controles que la constitución y las leyes asignan al estado nacional.
Confiamos en que los legisladores nacionales de las provincias tabacaleras de Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán, habrán de hacer ver a sus pares del resto del país, lo temerario y desafortunado del proyecto que se intenta promover.
